Te recomendamos visitar este enlace sobre las novedades en las reclamaciones a Dentix tras el concurso de acreedores en este enlace

La prestación de servicios de Odontología masivos a través de franquicias es un modelo que ha generado muchos problemas en los últimos tiempos, con escándalos como los ocurridos con Fannydent, Vitaldent y recientemente con iDental.

Dentix responde a un modelo similar al de las citadas franquicias, compartiendo ciertas características con ellas:

  • Campañas agresivas de marketing.
  • Financiación vinculada de los tratamientos.
  • Ahorro de gastos en material y en personal.

Todo ello hace que este tipo de clínicas reciba un volumen de reclamaciones mucho mayor que las clínicas dentales tradicionales, y que los casos en los que existe negligencia sean también mayores.

¿Cómo me afecta el concurso de acreedores de Dentix?

Te lo explicamos en este ENLACE.

¿Cuáles son las negligencias más comunes?

Algunos ejemplos de negligencia médica en clínicas dentales de este tipo, y en los que hemos tenido la ocasión de intervenir, son los siguientes:

  • No hacer un estudio previo adecuado de la situación del paciente, lo que da lugar a realizar un tratamiento incorrecto.
  • No seleccionar los materiales protésicos adecuados, lo que provoca que el material pueda producir un daño al paciente o que se alargue excesivamente la duración del tratamiento.
  • No realizar un seguimiento adecuado del tratamiento. En la mayoría de tratamientos realizar un seguimiento cada cierto tiempo es fundamental para el éxito del mismo.
  • La llamada impericia o falta de inexperiencia del dentista, muchas veces con poca experiencia a la hora de aplicar una técnica, que hace que lo haga de forma incorrecta.
  • No informar correctamente de los riesgos generales y específicos de una intervención o de las alternativas posibles de tratamiento.

 

¿Qué hacer si has sido víctima de negligencia médica en Dentix?

Ante una situación de negligencia o de no prestación del servicio contratado, es aconsejable que contactes con un abogado especialista en derecho sanitario lo antes posible, para que te asesore sobre los pasos a seguir y no perjudicar la reclamación.

La especialidad en Derecho Sanitario que tienen los abogados de Vorlegal, te va a ayudar a identificar rápidamente si existe negligencia o no en tu caso, y además te permitirá solucionar tu reclamación de la forma más rápida y adecuada a tus intereses.

Ello te evitará caer en errores muy frecuentes, como pueden ser dirigir las reclamaciones a la Oficina Municipal de Información al Consumidor o al Colegio de Odontólogos, los cuales no suelen tener competencia para entrar al fondo del asunto y pueden ralentizar el procedimiento.

Tampoco conviene denunciar a Dentix por la vía penal, ya que el porcentaje de éxito en esta vía es mucho menor que en una reclamación civil.

 

¿Cómo cancelar el contrato con Dentix y su financiera?

Cuando un tratamiento dental de Dentix es financiado por alguna de sus entidades colaboradoras, como pueden ser Evo Finance o Cetelem nos encontramos ante un “contrato de crédito vinculado” y que está regulado en la Ley de Créditos al Consumo.

La característica principal de este tipo de créditos es que está vinculado al tratamiento dental, de tal manera que si no se presta este servicio o se presta incorrectamente, se podrá rescindir el contrato de financiación.

Más información en este post.

 

¿Cómo te podemos ayudar desde Vorlegal?

En este tipo de casos es fundamental contar, desde el inicio, con un abogado especialista en negligencias médicas, dado que se trata de una especialidad legal con legislación y jurisprudencia muy específica, que requiere un conocimiento profundo de la materia para poder defender correctamente al afectado.

Nuestra experiencia nos permite determinar qué casos se pueden reclamar, identificar el camino más adecuado para encauzar la reclamación con los mejores medios y hacer frente a los profesionales contratados por Dentix para su defensa.

  • En Vorlegal somos especialistas en negligencias médicas.
  • Nos encargamos de todas las fases del procedimiento.
  • Tenemos amplia experiencia en reclamaciones a Dentix con éxito.
  • Colaboramos con Peritos Odontólogos de prestigio, que determinarán la viabilidad, valorando la historia clínica y te realizarán un reconocimiento médico, para poder defender tus intereses de la mejor manera posible.
  • Nos encargamos también de cancelar el contrato de financiación.
  • Llevamos casos de toda España.

Nuestra forma de trabajar en los casos de Dentix es la siguiente:

1.- Solicitamos y conseguimos tu Historia Clínica.

2.- Analizamos la viabilidad jurídica del asunto.

3.- Encargamos la viabilidad médica a un perito especialista en la materia.

4.- En caso de que el caso sea viable, tanto desde el punto de vista jurídico como médico, solicitamos la cancelación de la financiación.

5.- Presentamos reclamación extrajudicial e intentamos llegar a un acuerdo con la aseguradora de Dentix, que te indemnice suficientemente por los daños ocasionados.

6.- En caso de que no sea posible el acuerdo, presentamos demanda en el Juzgado.

En el siguiente enlace, podéis encontrar más información sobre reclamaciones a Dentix tras entrar en preconcurso de acreedores.

Si consideras que Dentix ha cometido una negligencia en tu tratamiento no dudes en ponerte en contacto con nosotros: info@vorlegal.com o 649 06 17 67.

Existen diversos motivos, como puede ser el cambio en la relación médico – paciente, donde cada vez prima más la exigencia, el escaso tiempo del que disponen los facultativos para atender a éstos, y en cierta medida, la despersonalización de la atención sanitaria, que han provocado un incremento en las agresiones por parte de pacientes a Médicos y Enfermeros.

Dichos profesionales son en ocasiones, objeto de malos tratos, agresiones, insultos, coacciones o actuaciones vejatorias por parte de algunos pacientes o familiares en Centros de Salud, Hospitales y Clínicas, siendo este un problema bastante importante en algunos Servicios de Salud dado el volumen de casos que se presentan.

En el ámbito de la sanidad pública, estos profesionales son especialmente vulnerables, ya que en la mayoría de ocasiones, se encuentran solos en una sala con el paciente y sin posibilidad de defensa o de ayuda ante una agresión.

Ante esta situación, la reacción habitual del profesional agredido era dirigirse a los tribunales planteando denuncia penal contra el paciente agresor. En estos casos, la jurisprudencia ha desarrollado una teoría por la cual se considera al profesional sanitario como una “autoridad”, lo que conlleva dos efectos: por un lado, se aplica una agravante al delito cometido por el paciente, y por otro lado, a efectos de prueba, se da prevalencia a la declaración del profesional, presumiendo que la misma es veraz, lo cual tiene bastante relevancia dado que en este tipo de agresiones no suele haber testigos.

Sin embargo, el resultado de estos procedimientos penales no suele compensar suficientemente al profesional agredido, ya que se imponen unas multas de importe bajo y que muchas veces el paciente agresor no puede ni cumplir al carecer de medios económicos.

Ante esta situación, nos planteamos si la Administración Sanitaria tiene responsabilidad en estos casos de agresiones por no facilitar las medidas de prevención de riesgos laborales necesarias para evitar este tipo de agresiones.

Cada vez más Juzgados y Tribunales están condenando a los Servicios de Salud cuando se producen agresiones a Médicos o Enfermeros, en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al entender que efectivamente, no se han establecido las medidas de prevención adecuadas para evitar este riesgo profesional.

Efectivamente, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, en su art.14.2 establece que “el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”.

Así, tenemos el ejemplo del Juzgado de lo Social nº 3 de Badajoz, que ha condenado al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar económicamente a una médico que había sido agredida por un paciente. En este caso, el paciente había acudido a la consulta para obtener un certificado y ante la negativa de la doctora, aquel comenzó a amenazar verbalmente y después a agredir a la doctora. La sentencia entiende que el Servicio Extremeño de Salud incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales dado que no existían vías de escape fáciles que supusieran un impedimento real a posibles agresores, ni tampoco existía un timbre conectado con la central de alarmas que hubiera propiciado la presencia en el lugar de las fuerzas de seguridad.

Otro ejemplo lo encontramos en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao, en el que se condena al Servicio Vasco de Salud en un caso de agresión a un médico que trabajaba en un centro de salud mental y que fue agredido y amenazado por un paciente, que ya estaba catalogado como conflictivo dado que había protagonizado diversos incidentes en atenciones previas e incluso había amenazado con agredir al doctor. En este caso, la Sentencia tiene en cuenta que, a pesar de los antecedentes de esta paciente, no se tomaron medidas de prevención adicionales.

Por tanto y aunque lo deseable es que descienda el volumen de agresiones, promoviendo información suficiente al ciudadano sobre la labor de los profesionales sanitarios, y estableciendo las medidas de seguridad adecuadas, el trabajador sanitario que es objeto de una agresión puede reclamar a la Administración Sanitaria por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, además de denunciar al agresor, y solicitar la bajar laboral en caso de que sea necesaria.

Existe, aún hoy, cierto desconocimiento sobre los derechos que tiene un pasajero con respecto a vuelos nacionales o internacionales.

Hay que recordar que nos encontramos ante un contrato de transporte, y que, como ocurre con todos los contratos, la aerolínea está obligada a respetar las condiciones pactadas, debiendo compensar al pasajero cuando no se cumplen estas condiciones.

Para los vuelos que tengan origen en la Unión Europea o que estén operados por una compañía europea, es aplicable el Reglamento 261/2004, de derechos de los pasajeros. Este Reglamento establece cuatro casos en los que el pasajero tiene derecho a compensación: denegación de embarque, cancelación, gran retraso y cambio de clase.

Retraso.

Es el caso más habitual.

Cuando se produce un retraso o bien a la hora de realizar el embarque, o bien a la hora de llegada al destino final y el mismo no se debe a circunstancias de fuerza mayor, como pueden ser causas naturales que impiden el vuelo, atentados, etc. el pasajero tiene derecho a recibir una compensación de entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancias del viaje.

Además de ello, la compañía aérea está obligada a informar a los pasajeros sobre el retraso y tiempo de demora, así como a asistir a los pasajeros, ofreciéndoles comida y bebida, facilitando que puedan contactar con sus familiares y si es necesario por no poder realizarse hasta el día siguiente el vuelo, facilitando estancias en hotel y transporte al mismo.

 

Denegación de embarque.

Normalmente esto ocurre en los casos de overbooking, donde existen más pasajeros que asientos disponibles.

En estos casos, a parte de los derechos de información, asistencia y compensación en los mismos términos que hemos visto en el apartado anterior, la compañía tiene la obligación al reembolso o transporte alternativo, donde el pasajero podrá elegir una de las siguientes 3 opciones que debe ofrecer la compañía:

  • El reembolso del billete dentro de los siete días siguientes.
  • El transporte hasta destino final lo más rápidamente posible y en condiciones de transporte comparables, o
  • El transporte hasta destino final en una fecha posterior que convenga al pasajero, en función de los asientos disponibles

Como decimos, en estos casos, el pasajero tiene que ser compensado inmediatamente con una cantidad de entre 250€ y 600 €, dependiendo de la distancia del vuelo, aunque estas cantidades se pueden reducir en un 50% si la compañía aérea le ofrece transporte alternativo y cumple el retraso en la llegada a destino.

Cancelación de un vuelo

Cuando el vuelo contratado finalmente no tiene lugar, por motivos que no sean de fuerza mayor, el pasajero tiene los mismos derechos que en los apartados anteriores, es decir, a información, a asistencia y al reembolso o a transporte alternativo en los mismos términos que la denegación de embarque.

El derecho a la compensación de entre 250 y 600 euros también se aplica en este caso, a no ser que haya informado al pasajero de la cancelación con 14 días antes del vuelo programado.

Cambio de Clase

Finalmente, cuando se ha contratado una clase concreta y la compañía acaba acomodando al pasajero en una clase inferior, la compañía aérea tendrá la obligación de devolver un porcentaje del importe del billete.

 

¿Estos derechos son aplicables en todos los vuelos?

Como decíamos, estos derechos vienen regulados en el Reglamento de la Unión Europea de Derechos de los Pasajeros y es aplicable a los vuelos que tengan salida en cualquier aeropuerto de ciudad perteneciente a la Unión Europea, además de Islandia, Noruega y Suiza, así como para todos aquellos vuelos operados por compañías comunitarias aunque partan de aeropuertos no comunitarios.

Sin embargo, en los casos de vuelos operados por compañías extracomunitarias y con salida en aeropuerto también de estado extracomunitario, los Juzgados están reconociendo los mismos derechos, y muchas veces en las mismas cuantías, para no provocar una situación de diferenciación con el resto de vuelos.

Ejemplos.-

Vuelo operado por Air Europa entre Barcelona y Buenos Aires. Se produce un retraso en la llegada a Buenos Aires de 3 horas. Es aplicable el Reglamento y el pasajero tiene derecho a recibir una compensación de 600 euros. Lo mismo ocurriría en vuelo de Buenos Aires a Madrid si es operado también por compañía europea.

Vuelo operado por Latam entre Lima y Madrid. Se produce un retraso en la salida de 12 horas. No es aplicable el Reglamento, por tratarse de un vuelo que parte de aeropuerto no comunitario y operado por compañía no comunitaria; pero aún así, el pasajero tiene derecho a comida y bebida, hotel, transporte al hotel y a compensación por el retraso, por cuantía a determinar por el Juzgado, pero que en la mayoría de ocasiones será de 600 euros, al aplicar por analogía las cuantías del Reglamento.

Una vez analizado en un post anterior cómo Homologar el Título de Medicina, nos planteamos ahora qué requisitos y documentos son necesarios para Homologar el Título de Médico Especialista en España.

¿En qué consiste la Homologación del Título de Médico Especialista?

Se trata de un procedimiento regulado en el Real Decreto 459/2010 de 16 abril por el cual se reconocen efectos profesionales en España a la titulación de Especialista obtenida en el extranjero, tras la revisión por la Autoridad competente de que el referido título extranjero es equivalente al español.

Mediante este proceso se otorgan a los mencionados títulos extranjeros, los mismos efectos profesionales que al título español equivalente. Así mismo, este reconocimiento concede los mismos derechos y obligaciones profesionales que el título español de especialista y será requisito imprescindible para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de la profesión de especialista de que se trate en España.

¿Cuánto suele tardar el trámite?

Este trámite tiene un plazo legal para emitir resolución de 6 meses, pero la cruda realidad es que el plazo de resolución alcanza los 7 años o incluso más tiempo.

En Vorlegal, sin embargo, tenemos un sistema para acortar este plazo y obtener la Homologación en aproximadamente 3 años. 

¿Cómo?

Una vez que transcurre el plazo legal de 6 meses que tiene la Administración para resolver la solicitud, interponemos demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, para que, o bien, se resuelva directamente la solicitud mediante sentencia, o bien el Tribunal obligue a la Administración a resolver en un plazo breve de tiempo.

Además, para apoyar esta demanda judicial, contamos con peritos médicos de todas las especialidades, que realizan informe pericial comparativo del contenido de la especialidad extranjera y española, para dar una prueba sólida de que la formación es equivalente.

¿Dónde se presenta la solicitud?

Aunque se puede presentar también en otros Registros, lo más rápido es presentarlo en el propio Ministerio de Sanidad, en Madrid, lugar en donde se resuelve la solicitud.

¿Qué documentación es necesaria?

  • Copia compulsada del documento que acredite la identidad y en el que conste la nacionalidad del solicitante, expedido por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, o por las autoridades españolas competentes en materia de extranjería. En el caso de ciudadanos españoles, residentes en España, o en estancia por estudios, fotocopia compulsada del DNI o de la TIE.
  • Copia compulsada del título extranjero de Especialista cuyo reconocimiento se solicita.
  • Copia compulsada de la Resolución de Homologación dictada por el Ministerio que corresponda, del título universitario requerido para acceder a la Especialidad cuyo reconocimiento profesional se solicita (Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Biología, etc.)
  • Certificación expedida por la autoridad competente del país expedidor del título extranjero de Especialista de que se trate, acreditativa de que dicho título tiene carácter oficial y habilita en su país para el ejercicio profesional de la especialidad cuyo reconocimiento profesional se solicita.
  • Certificación expedida por la autoridad competente del país que ha expedido el título, relativa a que la formación especializada alegada se ha realizado en un centro universitario, un centro hospitalario docente o, en su caso, en un centro sanitario acreditado para tal fin.
  • Historial profesional incluyendo certificación de los trabajos realizados en relación con la Especialidad Médica.
  • Los ciudadanos de Estados cuya lengua oficial no sea el castellano deberán acreditar un conocimiento suficiente del mismo.
  • Declaración jurada o promesa del interesado relativa a que el título extranjero presentado para su reconocimiento profesional, no ha sido objeto de anterior reconocimiento u homologación favorable que implique habilitación profesional del mismo o de otro título de Especialista, tanto por España como por otro país de la Unión Europea.
  • Certificación de la autoridad competente del Estado donde se ha ejercido la profesión de especialista de que se trate, acreditativa de que el solicitante no está inhabilitado por sentencia judicial o sanción administrativa firme para el ejercicio de la misma, o que habiendo estado inhabilitado no solicita el reconocimiento durante el tiempo que dura la inhabilitación.

Sobre los documentos emitidos por autoridad española se deberá presentar copia compulsada, mientras que los documentos extranjeros deberá aportarse copia legalizada o con la Apostilla de La Haya.

¿En qué te podemos ayudar desde VORLEGAL?

El proceso de Homologación del Título de Especialista es largo y complejo como se puede comprobar. La dificultad principal es el largo tiempo de demora para su resolución. Y en eso es precisamente en lo que te podemos ayudar desde VORLEGAL:

  • Te guiamos a la hora de conseguir toda la documentación necesaria.
  • Te asesoramos sobre los requisitos que tiene que reunir la documentación así como la Apostilla de los mismos y revisamos su cumplimiento.
  • Verificamos que la documentación está completa y reúne todos los requisitos antes de proceder a presentarla, para evitar demoras innecesarias.
  • Realizamos en tu nombre la solicitud directamente en las oficinas del Ministerio de Sanidad en Madrid, lo cual acorta los plazos.
  • Y lo más importante, como hemos indicado anteriormente, cuando transcurran 6 meses desde la solicitud, interponemos demanda judicial para que el procedimiento se resuelva lo antes posible, aproximadamente en 2 o 3 años.

Ponte en contacto con nosotros en info@vorlegal.com o +34 649 06 17 67 y consigue tu homologación de la forma más sencilla.

¿Qué es el Essure y qué efectos tiene sobre la Salud?

El Essure es un sistema anticonceptivo permanente desarrollado por la conocida farmacéutica alemana Bayer.

Según nos indica el Dr. Javier Moral Sanz, Doctor en Farmacia e Investigador, que colabora habitualmente con VORLEGAL, el procedimiento consiste en implantar unos resortes expandibles de metal en las trompas de Falopio a través del cuello uterino.

Debido al uso de este método anticonceptivo han aparecido en más de 700 pacientes alteraciones graves o muy graves asociadas con este tipo de implante, entre las que se encuentran hipersensibilidad y alergias, dolor pélvico-lumbar crónico, hemorragias y perforaciones uterinas.

Nos indica el Dr. Moral Sanz: “En general, el Essure está asociado con un mayor riesgo de complicaciones ginecológicas y mayor frecuencia de fracaso en la esterilización comparado con otras alternativas anticonceptivas permanentes (Bouillon et al 2018) y puede presentar efectos secundarios más graves que los dispositivos intrauterinos (Hardeman y Weiss 2014)”.

 

¿Existe responsabilidad de los Servicios de Salud?

En un tratamiento con unos riesgos tan importantes como los que tiene el Essure, adquiere especial importancia el deber de información a las pacientes.

La Ley de Autonomía del Paciente establece el derecho de todo paciente a ser informado de los riesgos que conlleva una intervención médica, tanto generales como específicos para ese paciente, y de las alternativas posibles de tratamiento. La finalidad de la información es permitir al paciente tomar la decisión de someterse a la técnica médica de que se trate con conocimiento de los riesgos que pueden derivarse de la misma, y la falta de información equivale a una limitación del derecho a consentir o rechazar una actuación médica determinada, inherente al derecho fundamental a la integridad física y moral contemplado en el artículo 15 de la Constitución.

Existen algunos centros y Servicios de Salud en los que se ha utilizado este método anticonceptivo, que no han informado correctamente a las usuarias de la posibilidad de sufrir complicaciones tan graves como el desgarro uterino.

Pero es que además, este dispositivo contiene materiales como titanio, níquel y fibras de metal, a los cuales algunas pacientes son alérgicas, por lo que también es preciso informar de la composición de éste anticonceptivo.

Otra obligación que atañe a los Servicios de Salud es informar de alternativas posibles de tratamiento, obligación que tampoco se ha cumplido en muchos casos.

Por tanto, los Servicios de Salud que han procedido a implantar el método anticonceptivo Essure, sin informar de las posibles complicaciones, ni de los materiales de los que está compuesto ni de las alternativas posibles de tratamiento, podrían haber incumplido el derecho de autodeterminación del paciente, lo cual da lugar al derecho a obtener una indemnización.

 

¿Han indemnizado ya a alguna afectada?

Aún no han recaído muchas sentencias sobre este asunto, y hay que decir que de las pocas sentencias que hay, algunas son desfavorables para las afectadas.

Sin embargo, sí se puede destacar un Dictamen Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, emitido a raíz de una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por una afectada a la que le fue instalado el dispositivo contraceptivo Essure en noviembre de 2009 en el Hospital Infanta Sofía de Madrid.

A esta paciente, que padecía de “lupus” (enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro o los pulmones, entre otros), tras instalársele este método anticonceptivo sufrió múltiples complicaciones tales como: leucorrea, cefalea, eritema, mareos, artritis, infecciones, sangrados, dismenorrea, anemia, leucopenia, astralgias, lo cual acabó con el dramático desenlace de tener que realizarse una histerectomía (intervención para extirpar el útero) y salpinguectomía (disección de las trompas de Falopio).

A pesar de los riesgos graves que hemos visto que tiene este tratamiento, en este caso, se presentó un documento de consentimiento informado a la paciente en el que como riesgos solamente aparecía “dolor tipo menstrual y pérdidas de sangre vaginales”, y que ni siquiera estaba firmado.

Por ello, se estima que existe responsabilidad de la Administración debido a que no se informó correctamente a la paciente sobre los riesgos, vulnerando el derecho de información de la reclamante.

En consecuencia, este tipo de casos será reclamable cuando no se haya informado correctamente a la paciente sobre los riesgos que conlleva la colocación del Essure.

 

Soy afectada y no informaron de los riesgos, ¿cuál es la mejor vía para reclamar?

Para la reclamación de este tipo de casos siempre es aconsejable huir de las denuncias penales y de las reclamaciones administrativas, que ralentizan sobremanera el procedimiento y tienen escasa efectividad.

En Vorlegal realizamos este tipo de reclamaciones directamente a las aseguradoras de los servicios de salud, contando para ello con peritos expertos en la materia, tanto Ginecólogos como Farmacéuticos, que van a estudiar la viabilidad del caso, no haciendo al paciente perder el tiempo si el caso no es viable, y posteriormente, defendiendo de la mejor manera posible los intereses de la afectada.

Si eres afectada por la administración de Essure, ponte en contacto con nosotros y te informaremos: info@vorlegal.com.

¿Qué es el Ala Octa y qué complicaciones ha provocado?

El Ala octa (perfluoroctano) se define como una sustancia química sin actividad farmacológica de los denominados Productos Sanitarios.

Según nos indica el Dr. Javier Moral Sanz, Doctor en Farmacia e Investigador, experto en la materia y que colabora con VORLEGAL, el Ala octa es un producto seguro para su utilización en oftalmología. Sin embargo, durante el proceso de producción y almacenaje pueden aparecer ciertas sustancias derivadas de la oxidación del compuesto.

Esto es lo que ha pasado en más de un centenar de casos distribuidos entre 13 Comunidades Autónomas, donde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios detectó la presencia de derivados nocivos con un potencial tóxico que variaba entre el 40-99 %, en 8 lotes de este producto.

Últimas sentencias sobre el Ala Octa.

Recientemente el Servicio Cántabro de Salud ha sido condenado a indemnizar con 25.000 euros a una paciente que perdió la visión tras haber sido tratada con éste producto en una intervención de desprendimiento de retina. Como consecuencia de dicha toxicidad se produjo una necrosis del nervio óptico, resultando una pérdida total de visión en el ojo afectado.

Anteriormente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de San Sebastián también había condenado a abonar la cantidad de 11.930 euros a un afectado por el éste producto sanitario, el cual también perdió la visión de un ojo tras la realización de una operación de desprendimiento de retina.

Así mismo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Córdoba, condena al Servicio Andaluz de Salud al pago de la cantidad 48.593,78 euros por hechos muy similares.

¿De quién es la responsabilidad en estos casos?

Cuando un producto es considerado tóxico y ha generado un daño en los usuarios, es normal pensar en primer lugar que la responsabilidad se debe atribuir a la compañía farmacéutica que ha comercializado el producto, o incluso a la distribuidora que lo ha puesto a disposición en España.

Sin embargo, en las sentencias mencionadas se está condenando a los Servicios de Salud que han utilizando los lotes contaminados de este producto.

Esto es porque se considera que el usuario del Servicio de Salud tiene una confianza legítima en que el producto sanitario que se aplique en su intervención se encuentre en un estado de la técnica sanitaria correcto, no teniendo la obligación de soportar los resultados adversos que se produzcan por la contaminación de dicho producto. Entienden los Juzgados y Tribunales que una vez que está acreditado que la lesión se ha producido como consecuencia de la toxicidad del producto utilizado, debe responder la Administración al haber autorizado su puesta a disposición del usuario.

Si consideras que estás afectado por la utilización del Ala Octa ponte en contacto con nosotros y te informaremos.

Como es sabido, uno de los principales derechos que tiene el paciente ante cualquier tratamiento médico o dental es el de estar informado con la suficiente antelación, de los riesgos generales y específicos de la intervención que se va a realizar.

Como se establece en la Ley de la Autonomía del Paciente, la explicación de los riesgos ha de ser verbal, pero el consentimiento se tiene que plasmar por escrito.

Ante esta situación, Dentix ha optado por un curioso método, consistente en describir los riesgos de todos los tipos de intervenciones en un mismo documento, el cual presenta para su firma a todos los pacientes. Es decir, a un cliente que se va a realizar un implante se le presenta un documento de consentimiento informado en el que figuran los riesgos generales del implante, pero también los de una ortodoncia, de una prótesis fija, de una endodoncia, y de cualquier tratamiento dental realizable.

Nos planteamos si este sistema es válido o por el contrario no cumple con la finalidad de la Ley.

El Tribunal Supremo entiende que la información médica debe prestarse de una de una forma comprensible y adecuada a las necesidades del paciente, para permitirle hacerse cargo o valorar las posibles consecuencias que pudieran derivarse de la intervención en su caso concreto, y a la vista de todo ello, aceptar, rechazar o demorar una determinada terapia por razón de sus riesgos e incluso acudir a un especialista o centro distinto.

Por tanto, se busca que el paciente tenga la información adecuada para poder tomar decisiones que afectan a su salud, y para ello es necesario que la información que se le traslada sea adecuada al tratamiento que se le va a realizar y a sus circunstancias personales. En definitiva, se trata de permitir que el paciente pueda ejercitar con un conocimiento fundado, libre y completo el derecho a la autonomía para tomar la decisión más conveniente a sus intereses.

Existen sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y de otros Tribunales que indican que el consentimiento aportado por Dentix es excesivamente genérico y que no hace mención expresa a la intervención a practicar ni a los riesgos concretos existentes y derivados de la misma. Entienden estas sentencias que el referido documento no cumple con las exigencias requeridas por la Ley de Autonomía del Paciente y la jurisprudencia que la desarrolla. Se llega a calificar este documento de Consentimiento Informado como un “mero impreso sin valor informativo”.

De hecho, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013 definió este tipo de impresos como documentos «ética y legalmente inválidos que se limitan a obtener la firma del paciente pues aun cuando pudieran proporcionarles alguna información, no es la que interesa y exige la norma como razonable para que conozca la trascendencia y el alcance (…) de la intervención a la que se va a someter

En consecuencia, entendemos que el Consentimiento Informado tiene que referirse al concreto tratamiento que se va a realizar, debiendo hacer una descripción general de los riesgos típicos que conlleva ese tratamiento, especificando la gravedad de los mismos y la mayor o menor probabilidad de que se produzcan y además, explicando los riesgos específicos que afectan al concreto paciente por sus antecedentes médicos y sus características físicas. En caso contrario, no se cumplirá con el deber de información, como ocurre con el consentimiento genérico que presenta Dentix.

En Vorlegal somos especialistas en Derecho Sanitario y llevamos multitud de reclamaciones por negligencia en clínicas dentales y en concreto contra Dentix. Además colaboramos con peritos de prestigio para este tipo de casos. Consulta tu caso con nosotros.

En este post vamos a tratar de explicar cómo es el proceso de homologación del Título de Médico, aclarar las dudas más frecuentes y explicar en qué os podemos ayudar desde Vorlegal.

¿Diferencia entre Homologación de Título y de Especialidad?

Si ya tienes tu Título de Especialista en tu país de origen tienes que tener en cuenta que no lo puedes homologar directamente, sino que primero habrá que homologar el Título General de Medicina y posteriormente el Título de Especialista.

Lo bueno es que con el Título de Medicina General homologado ya puedes acceder a algunos puestos de trabajo en España, como pueden ser los trabajos en residencias de la tercera edad,  donde existe muchísima oferta, algunos tipos de trabajo en clínicas privadas, etc. Sin embargo para trabajar en la sanidad pública, es decir, en Hospitales Públicos y Centros de Salud, te será necesario homologar el Título de Especialista.

¿Qué documentos son necesarios para el Título de Medicina General?

A parte del Modelo correspondiente y la Copia del Pasaporte los documentos que hacen falta son:

  1. Título universitario o certificación acreditativa de su expedición.
  2. Certificado analítico de estudios.
  3. Plan de estudios dividido en años académicos con la carga horaria total de cada una de las materias cursadas y aprobadas.

Estos tres documentos te los facilitan en la Universidad en la que te licenciaste.

Ojo, porque si te licenciaste hace 6 o más años también hay que presentar una certificación de ejercicio profesional para acreditar que hayas trabajado como Médico durante al menos 3 años dentro de los últimos 5 años. Este certificado lo expide el Colegio de Médicos de tu región.

Además, es necesario pagar una Tasa, que asciende a 160 euros si se realiza desde España. Se puede abonar esta tasa desde tu país, pero el precio aumenta a 163,22 euros y además el banco te cobrará comisión por el cambio a euros.

Hay que tener en cuenta que estos documentos no se pueden presentar sin más, sino que hay que Apostillarlos, para que tengan validez en España.

En el caso de Colombia, este el trámite de la Apostilla se facilita bastante ya que se realiza online a través de la web de la cancillería. En otros países como Argentina, México o Perú, se puede realizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores o a través de un Escribano público.

¿Dónde se entrega la solicitud?

La documentación se puede entregar ante la autoridad competente del país de origen o bien en el Ministerio de Educación de España, situado en Calle Los Madrazo 15 de Madrid.

¿Cuál es el plazo de resolución?

Depende del lugar en donde presentes la solicitud. Cuando se presenta en Madrid el plazo se acorta de tal manera que en aproximadamente un año o un años y medio se recibe la resolución. Si se presenta en el país de origen este plazo puede alargarse alrededor de 6 meses más.

Uno de los motivos de demora en la tramitación de estos expedientes es tener que complementar la solicitud con nueva documentación.

Por ello siempre aconsejamos presentar la solicitud en Madrid y previa revisión de la documentación para evitar demoras innecesarias.

 

¿Cómo te podemos ayudar en Vorlegal?

Como se puede comprobar este proceso de homologación del Título de Medicina no es sencillo y, si no se hace de una forma organizada, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza y demorarse en el tiempo más de lo necesario.

En Vorlegal tenemos experiencia en la realización de este tipo de trámites.

  • Te guiamos a la hora de conseguir toda la documentación necesaria.
  • Te asesoramos sobre los requisitos que tiene que reunir la documentación así como la Apostilla de los mismos y revisamos su cumplimiento.
  • Verificamos que la documentación está completa y reúne todos los requisitos antes de proceder a presentarla, para evitar demoras innecesarias.
  • Realizamos por ti la solicitud directamente en las oficinas del Ministerio de Educación en Madrid, lo cual acorta los plazos.
  • También abonamos la tasa en Madrid, ahorrándote con ello tiempo y dinero.
  • Te informamos puntualmente del estado de tu solicitud.

Ponte en contacto con nosotros en info@vorlegal.com o +34 649 06 17 67 y consigue tu homologación de la forma más sencilla.

¿Has finalizado el MIR y quieres montar tu propia Clínica? Te informamos de cómo hacerlo

A muchos Médicos extracomunitarios se les plantea el dilema de qué hacer cuando acaba el periodo de MIR. Es una situación compleja y que se ve dificultada por el tipo de permiso que la Administración sigue otorgando de “estancia por estudios” para realizar el MIR, en vez del permiso de residencia y trabajo como sería más razonable.

Ante esta situación una buena solución es montar tu propio negocio, tu propia clínica o solicitar un permiso como autónomo para poder trabajar en centros privados.

Las personas que se decantan por esta solución han de saber que actualmente el ordenamiento español ha establecido un procedimiento especial para poder llevarla a cabo, como es el Permiso de Residencia para Emprendedores.

Este Permiso especial está recogido en la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de Apoyo a los Emprendedores y a su Internacionalización y está dirigido a los Extranjeros de fuera de la UE que vayan a emprender un negocio de carácter innovador y con especial interés económico para España.

¿Qué quiere decir “especial interés económico para España”?

La Ley se refiere con esto a todas aquellas actividades empresariales que supongan creación de puestos de trabajo o tengan un carácter innovador para España, o supongan inversión para España.

En principio, una Clínica médica reúne los requisitos para ser considerada como una actividad con especial interés económico para España, ya que montar una Clínica conlleva una inversión económica, se trata de una actividad cualificada y siempre es previsible que conlleve creación de puestos de trabajo.

¿Quién puede solicitar este permiso?

Si te encuentras en el caso que describimos al principio del artículo, podrás solicitar este permiso, ya que solamente se requiere que te encuentres en España de forma legal, independientemente del tipo de permiso. Por lo que puedes realizar esta solicitud si dispones de un permiso de estancia por estudios.

Por otro lado, se requiere que tengas la titulación adecuada para ejercer la actividad de la que se trate. Por ejemplo, si quieres montar una Clínica de Traumatología, será necesario que hayas finalizado el MIR en la Especialidad de Traumatología.

Por otro lado, está el Visado de Emprendedor, el cual se solicita desde el país de origen y te habilita para permanecer en España durante un año para emprender tu actividad.

¿Qué documentos son necesarios?

Para este trámite se requieren determinados documentos que tienen que ver con la situación personal, con la actividad y con los criterios económicos.

En cuanto a los documentos sobre la situación personal serán necesarios:

  • Documento de identidad o pasaporte.
  • Seguro público o privado de enfermedad con una entidad que opere en España.
  • Certificado de antecedentes penales en España y en el país de origen.

En cuanto a los requisitos de la actividad, es necesario contar con un informe favorable sobre la actividad emprendedora y empresarial que se va a desarrollar en España. Este informe lo valida Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Este plan de negocios debe contener información exhaustiva sobre el perfil profesional del solicitante, la actividad a desarrollar, la previsión de puestos de trabajo que se podrán crear,  características y cualificación requerida de cada uno de ellos, en qué zona geográfica se desarrollará el proyecto y, por último, pero no por ello menos importante, el importe de la inversión prevista.

Y en cuanto a los requisitos económicos, es necesario acreditar que se dispone de medios de vida suficientes, tanto para el solicitante como para su familia, así como abonar la correspondiente tasa.

¿Cuál es el proceso de solicitud?

La solicitud se debe dirigir a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, que centraliza todas las solicitudes de este tipo realizadas en toda España, y tiene un plazo máximo para resolver de 20 días.

Las ventajas que tiene este tipo de solicitud son que el permiso que se concede permite residir y trabajar y es válida en todo el territorio nacional, se puede tramitar conjuntamente con la autorización del cónyuge e hijos, no se aplica la Situación Nacional de Empleo, y sobre todo, que se trata de una tramitación mucho más ágil que en el resto de solicitudes.

Si quieres ampliar la información sobre este tipo de permiso ponte en contacto con nosotros: info@vorlegal.com o +34 649 06 17 67.

Para conocer las últimas novedades sobre la situación de las reclamaciones de los afectados por el concurso de acreedores de Dentix, te recomendamos que accedas a este enlace. 

Es bastante habitual que, al iniciar un tratamiento dental en cualquier clínica de Dentix, se ofrezca la financiación del mismo a través de entidades financieras, tales como Evo Finance, Sabadell, Cetelem, etc.

Según la Ley 16/2011 de Créditos al Consumo, en estos casos nos encontramos con un “contrato de crédito vinculado” ya que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar la prestación de un servicio concreto, en este caso, un tratamiento dental, de tal manera, que ambos contratos constituyen una unidad comercial.

La cancelación de este tipo de contratos de financiación se puede dar en dos casos:

  • Ejercitando el Derecho de Desistimiento establecido en el art. 28 de la referida Ley, que consiste en la facultad de dejar sin efecto el contrato de crédito en el plazo de 14 días desde que se celebra dicho contrato. Y ello, sin necesidad de indicar ningún motivo y sin que se aplique penalización alguna.
  • Si ya han trascurrido más de 14 días desde la celebración de contrato, el contrato de financiación aún se puede cancelar en los casos en los que la prestación principal, es decir, el tratamiento dental, no se ha prestado debidamente.

Efectivamente el art. 29 de Ley de Créditos al Consumo establece que, al tratarse de un contrato de crédito vinculado a la prestación de una tratamiento dental, el consumidor puede ejercitar los mismos derechos frente al prestador del servicio (en este caso Dentix) y contra la entidad financiera (Evo Finance, Sabadell, o la que corresponda). Por tanto, si el paciente tiene derecho a cancelar su tratamiento porque no se ha prestado debidamente, también podrá cancelar la financiación.

Pero para ello, tienen que darse dos requisitos: a) que efectivamente, el tratamiento se haya prestado defectuosamente y se pueda demostrar y b) que previamente a cancelar la financiación, se haya reclamado al prestador del servicio (Dentix) y no se haya obtenido respuesta favorable.

Es decir, se puede cancelar la financiación cuando la clínica no ha prestado correctamente el servicio, ya sea porque no ha informado de los riesgos, o porque se ha producido una complicación de la que no estaba informado el paciente, o porque se ha producido un daño desproporcionado, etc. Pero primero habrá que reclamar a la Clínica y posteriormente a la entidad financiera para que cancele la financiación.

Por otro lado, con motivo de la solicitud de preconcurso por parte de Dentix y la suspensión del servicio como motivo de la pandemia Covid-19, se abren nuevas dudas con respecto a la cancelación de la financiación, que tratamos en el siguiente post. 

¿Y en el caso de Colombia? ¿Cómo puedo cancelar la financiación? Os lo explicamos en este post.

En Vorlegal somos especialistas en este tipo de reclamaciones, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos con tu reclamación.