Existen diversos motivos, como puede ser el cambio en la relación médico – paciente, donde cada vez prima más la exigencia, el escaso tiempo del que disponen los facultativos para atender a éstos, y en cierta medida, la despersonalización de la atención sanitaria, que han provocado un incremento en las agresiones por parte de pacientes a Médicos y Enfermeros.

Dichos profesionales son en ocasiones, objeto de malos tratos, agresiones, insultos, coacciones o actuaciones vejatorias por parte de algunos pacientes o familiares en Centros de Salud, Hospitales y Clínicas, siendo este un problema bastante importante en algunos Servicios de Salud dado el volumen de casos que se presentan.

En el ámbito de la sanidad pública, estos profesionales son especialmente vulnerables, ya que en la mayoría de ocasiones, se encuentran solos en una sala con el paciente y sin posibilidad de defensa o de ayuda ante una agresión.

Ante esta situación, la reacción habitual del profesional agredido era dirigirse a los tribunales planteando denuncia penal contra el paciente agresor. En estos casos, la jurisprudencia ha desarrollado una teoría por la cual se considera al profesional sanitario como una “autoridad”, lo que conlleva dos efectos: por un lado, se aplica una agravante al delito cometido por el paciente, y por otro lado, a efectos de prueba, se da prevalencia a la declaración del profesional, presumiendo que la misma es veraz, lo cual tiene bastante relevancia dado que en este tipo de agresiones no suele haber testigos.

Sin embargo, el resultado de estos procedimientos penales no suele compensar suficientemente al profesional agredido, ya que se imponen unas multas de importe bajo y que muchas veces el paciente agresor no puede ni cumplir al carecer de medios económicos.

Ante esta situación, nos planteamos si la Administración Sanitaria tiene responsabilidad en estos casos de agresiones por no facilitar las medidas de prevención de riesgos laborales necesarias para evitar este tipo de agresiones.

Cada vez más Juzgados y Tribunales están condenando a los Servicios de Salud cuando se producen agresiones a Médicos o Enfermeros, en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al entender que efectivamente, no se han establecido las medidas de prevención adecuadas para evitar este riesgo profesional.

Efectivamente, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, en su art.14.2 establece que “el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”.

Así, tenemos el ejemplo del Juzgado de lo Social nº 3 de Badajoz, que ha condenado al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar económicamente a una médico que había sido agredida por un paciente. En este caso, el paciente había acudido a la consulta para obtener un certificado y ante la negativa de la doctora, aquel comenzó a amenazar verbalmente y después a agredir a la doctora. La sentencia entiende que el Servicio Extremeño de Salud incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales dado que no existían vías de escape fáciles que supusieran un impedimento real a posibles agresores, ni tampoco existía un timbre conectado con la central de alarmas que hubiera propiciado la presencia en el lugar de las fuerzas de seguridad.

Otro ejemplo lo encontramos en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao, en el que se condena al Servicio Vasco de Salud en un caso de agresión a un médico que trabajaba en un centro de salud mental y que fue agredido y amenazado por un paciente, que ya estaba catalogado como conflictivo dado que había protagonizado diversos incidentes en atenciones previas e incluso había amenazado con agredir al doctor. En este caso, la Sentencia tiene en cuenta que, a pesar de los antecedentes de esta paciente, no se tomaron medidas de prevención adicionales.

Por tanto y aunque lo deseable es que descienda el volumen de agresiones, promoviendo información suficiente al ciudadano sobre la labor de los profesionales sanitarios, y estableciendo las medidas de seguridad adecuadas, el trabajador sanitario que es objeto de una agresión puede reclamar a la Administración Sanitaria por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, además de denunciar al agresor, y solicitar la bajar laboral en caso de que sea necesaria.

¿Qué es el Essure y qué efectos tiene sobre la Salud?

El Essure es un sistema anticonceptivo permanente desarrollado por la conocida farmacéutica alemana Bayer.

Según nos indica el Dr. Javier Moral Sanz, Doctor en Farmacia e Investigador, que colabora habitualmente con VORLEGAL, el procedimiento consiste en implantar unos resortes expandibles de metal en las trompas de Falopio a través del cuello uterino.

Debido al uso de este método anticonceptivo han aparecido en más de 700 pacientes alteraciones graves o muy graves asociadas con este tipo de implante, entre las que se encuentran hipersensibilidad y alergias, dolor pélvico-lumbar crónico, hemorragias y perforaciones uterinas.

Nos indica el Dr. Moral Sanz: “En general, el Essure está asociado con un mayor riesgo de complicaciones ginecológicas y mayor frecuencia de fracaso en la esterilización comparado con otras alternativas anticonceptivas permanentes (Bouillon et al 2018) y puede presentar efectos secundarios más graves que los dispositivos intrauterinos (Hardeman y Weiss 2014)”.

¿Existe responsabilidad de los Servicios de Salud?

En un tratamiento con unos riesgos tan importantes como los que tiene el Essure, adquiere especial importancia el deber de información a las pacientes.

La Ley de Autonomía del Paciente establece el derecho de todo paciente a ser informado de los riesgos que conlleva una intervención médica, tanto generales como específicos para ese paciente, y de las alternativas posibles de tratamiento. La finalidad de la información es permitir al paciente tomar la decisión de someterse a la técnica médica de que se trate con conocimiento de los riesgos que pueden derivarse de la misma, y la falta de información equivale a una limitación del derecho a consentir o rechazar una actuación médica determinada, inherente al derecho fundamental a la integridad física y moral contemplado en el artículo 15 de la Constitución.

Existen algunos centros y Servicios de Salud en los que se ha utilizado este método anticonceptivo, que no han informado correctamente a las usuarias de la posibilidad de sufrir complicaciones tan graves como el desgarro uterino.

Pero es que además, este dispositivo contiene materiales como titanio, níquel y fibras de metal, a los cuales algunas pacientes son alérgicas, por lo que también es preciso informar de la composición de éste anticonceptivo.

Otra obligación que atañe a los Servicios de Salud es informar de alternativas posibles de tratamiento, obligación que tampoco se ha cumplido en muchos casos.

Por tanto, los Servicios de Salud que han procedido a implantar el método anticonceptivo Essure, sin informar de las posibles complicaciones, ni de los materiales de los que está compuesto ni de las alternativas posibles de tratamiento, podrían haber incumplido el derecho de autodeterminación del paciente, lo cual da lugar al derecho a obtener una indemnización.

¿Han indemnizado ya a alguna afectada?

Aún no han recaído muchas sentencias sobre este asunto, y hay que decir que de las pocas sentencias que hay, algunas son desfavorables para las afectadas.

Sin embargo, sí se puede destacar un Dictamen Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, emitido a raíz de una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por una afectada a la que le fue instalado el dispositivo contraceptivo Essure en noviembre de 2009 en el Hospital Infanta Sofía de Madrid.

A esta paciente, que padecía de “lupus” (enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro o los pulmones, entre otros), tras instalársele este método anticonceptivo sufrió múltiples complicaciones tales como: leucorrea, cefalea, eritema, mareos, artritis, infecciones, sangrados, dismenorrea, anemia, leucopenia, astralgias, lo cual acabó con el dramático desenlace de tener que realizarse una histerectomía (intervención para extirpar el útero) y salpinguectomía (disección de las trompas de Falopio).

A pesar de los riesgos graves que hemos visto que tiene este tratamiento, en este caso, se presentó un documento de consentimiento informado a la paciente en el que como riesgos solamente aparecía “dolor tipo menstrual y pérdidas de sangre vaginales”, y que ni siquiera estaba firmado.

Por ello, se estima que existe responsabilidad de la Administración debido a que no se informó correctamente a la paciente sobre los riesgos, vulnerando el derecho de información de la reclamante.

En consecuencia, este tipo de casos será reclamable cuando no se haya informado correctamente a la paciente sobre los riesgos que conlleva la colocación del Essure.

Soy afectada y no informaron de los riesgos, ¿cuál es la mejor vía para reclamar?

Para la reclamación de este tipo de casos siempre es aconsejable huir de las denuncias penales y de las reclamaciones administrativas, que ralentizan sobremanera el procedimiento y tienen escasa efectividad.

En Vorlegal realizamos este tipo de reclamaciones directamente a las aseguradoras de los servicios de salud, contando para ello con peritos expertos en la materia, tanto Ginecólogos como Farmacéuticos, que van a estudiar la viabilidad del caso, no haciendo al paciente perder el tiempo si el caso no es viable, y posteriormente, defendiendo de la mejor manera posible los intereses de la afectada.

Si eres afectada por la administración de Essure, ponte en contacto con nosotros y te informaremos: info@vorlegal.com.