El daño que se puede producir como resultado de una negligencia médica es muchas veces irreparable, ya que la salud y la vida son los valores fundamentales que tiene cada persona.

Pero a la hora de reparar este daño, no queda más remedio que acudir a criterios económicos que permitan compensarlo, en la medida de lo posible.

Aunque, de momento, no existe ningún Baremo específico para Negligencia Médicas, los Juzgados y Tribunales de nuestro país utilizan el, comúnmente denominado, Baremo de Tráfico, para calcular la indemnización también estos casos de Negligencias.

Aunque este Baremo presenta una gran complejidad, dada la variedad de supuestos que contempla, vamos a intentar explicar sus características más importantes, de la forma más comprensible posible.

¿Qué es el Baremo de Tráfico?

El Baremo de Tráfico es un sistema de valoración para lesiones temporales, lesiones permanentes y fallecimientos, que introduce la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Se trata de un Baremo que está destinado a valorar el daño producido en accidentes de circulación, pero que se aplica también a los daños producidos por negligencia médica, al contemplar de la forma más amplia posible todos los tipos de lesiones existentes y no existir otro Baremo más específico.

En general, se puede decir que este Baremo busca un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familiares y allegados como consecuencia de un siniestro de tráfico, y por analogía por una Negligencia Médica.

De todas maneras, aunque la mayoría de los Juzgados y Tribunales aplican por analogía este Baremo, en algunas ocasiones se pueden utilizan otros sistemas de valoración.

Puedes consultar el referido Baremo y su actualización para 2018:

Tabla Indemnizatoria 2018

LEY 35_2015

¿Quién puede reclamar?

El mencionado Baremo otorga la condición de perjudicado, y por tanto, beneficiario de las indemnizaciones que se establecen, a las siguientes personas:

  • En caso de lesiones, el perjudicado es el propio lesionado. No obstante, si nos encontramos ante una lesión que ha incapacitado de forma severa al perjudicado, los familiares que conviven con él también se consideran perjudicados.
  • En caso de fallecimiento, los perjudicados con derecho a indemnización serían los familiares y allegados del fallecido, es decir, cónyuge, padres, hijos, hermanos y los denominados allegados, que son las personas que hubieran convivido con la víctima durante 5 años antes del fallecimiento.

 

¿Qué conceptos se pueden reclamar?

Nuevamente hay que distinguir el caso de las lesiones con el caso de fallecimiento.

  • Lesiones temporales:

Cuando estamos antes lesiones temporales se indemnizan los días que el perjudicado se ha visto incapacitado para poder desarrollar su vida normal. Dependiendo del grado de afectación, la valoración de cada día de incapacidad es mayor o menor.

Además de ello, también se compensa el perjuicio patrimonial, que es la pérdida económica que se ha provocado al lesionado como consecuencia de no poder desarrollar su actividad habitual durante el tiempo de recuperación.

  • Lesiones permanentes:

Cuando, como consecuencia del accidente o de la negligencia médica, existen secuelas definitivas, se otorga a cada una de ellas una valoración económica, en función de la gravedad de las mismas y de la edad del paciente.

En el caso de secuelas especialmente graves y que inhabilitan al perjudicado, también se le ha de compensar por el perjuicio patrimonial que conlleva esa incapacitación, tanto actual, como futuro. Esto se aplica cuando, por ejemplo, el lesionado va necesitar ayuda de terceras personas, adaptar su vivienda, asistencia sanitaria futura, etc.

En estos casos de grandes lesionados, el familiar afectado también puede acceder a indemnización que compensa su pérdida de calidad de vida.

  • Fallecimiento.

En estos casos se asigna una cantidad fija a cada uno de los afectados, que se puede ver incrementada en función de los años de convivencia con el fallecido.

Además, si alguno de los afectados va a sufrir una pérdida patrimonial como consecuencia del fallecimiento, ésta también deberá ser compensada. Esto ocurre habitualmente cuando los ingresos que tenía el fallecido por su actividad laboral fueran mayores que la pensión que le va a corresponder al familiar.

 

Dicho todo lo anterior, la complejidad que presenta este sistema de valoración siempre aconseja acudir a un abogado especializado en la materia para valorar correctamente los daños. Esto es especialmente importante en casos en los que la compañía aseguradora ofrezca un acuerdo, dado que si el perjudicado no conoce exactamente la cantidad que le corresponde, podría aceptar un acuerdo perjudicial para sus intereses.

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